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La Comunidad invierte casi 4M para la atención a personas con esclerosis múltiple o discapacidad intelectual



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El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de casi 4 millones de euros para prorrogar distintos contratos de servicios destinados tanto al cuidado de adultos con esclerosis múltiple como a la atención de personas con discapacidad intelectual. Este procedimiento permite mantener la actividad de un total 247 plazas entre centros residenciales, de día y viviendas comunitarias.






La primera de estas prórrogas, por un importe de 2.337.829 euros, afecta al contrato de gestión en modalidad de concesión del Centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz. Este centro, propiedad de la Comunidad de Madrid, ofrece atención social especializada a personas adultas con un elevado nivel de dependencia por esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes a través de 158 plazas cuyo servicio se prolonga ahora seis meses, entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre.
La mayoría de esas plazas (96) son residenciales, mientras que otras 32 corresponden a centro de día. En ambos casos están destinadas a personas de ambos sexos mayores de 18 años y menores de 65 cuyo Programa Individual de Atención (PIA) determina que requieren este tipo de atención integral. Además, el centro cuenta con 30 plazas de atención ambulatoria para personas diagnosticadas con estas patologías.
El Consejo de Gobierno también ha prorrogado tres contratos derivados del Acuerdo Marco que fijan las condiciones a las que deben ajustarse los servicios de atención a personas adultas con discapacidad intelectual en viviendas comunitarias. En este caso, el importe es de 1.624.574 euros para mantener el funcionamiento durante un año –entre el próximo 1 de octubre y el 30 de septiembre de 2022- de las 89 plazas contratadas con tres entidades en este tipo de viviendas.
Las viviendas comunitarias están destinadas al alojamiento, la convivencia y la asistencia social de personas con discapacidad intelectual que, a pesar de desenvolverse con autonomía, precisan de un recurso público por el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentar dificultades de integración familiar o social.





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