La Comunidad de Madrid difunde su modelo de intervención con los menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales. Por una parte, el Ejecutivo autonómico, a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), ha atendido una solicitud de colaboración del Ministerio de Gobierno de la República de Panamá, en aras de reforzar su sistema de justicia juvenil.
Así, durante los pasados meses de marzo y abril, profesionales de los Servicios Centrales y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales de la ARRMI han impartido varias sesiones de formación telemática a responsables de este ámbito en el país centroamericano.
En la transmisión de estos contenidos se ha hecho especial hincapié en una de las principales señas de identidad de las políticas de asistencia a las personas del colectivo: la individualización del tratamiento, con la existencia de programas especializados, especialmente relacionados con delitos singulares como los de carácter sexual o el maltrato familiar ascendente.
A su vez, se han analizado con los reel Gobierno de la Comunidad de Madrid presentantes del Ejecutivo panameño los dos programas generales o de naturaleza transversal que aplica la Comunidad de Madrid: el Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico, y la herramienta técnica PREVI-A. Esta última ha sido elaborada por la propia ARRMI en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y se utiliza para evaluar la intervención desarrollada con menores y jóvenes infractores en la región, particularmente, con aquellos que cumplen medidas judiciales, ya sean de internamiento o de medio abierto con una mayor duración.
Por otra parte, reel Gobierno de la Comunidad de Madrid presentantes de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor han participado recientemente en un encuentro celebrado en la localidad portuguesa de Cascais, en el marco del Proyecto Voice, que promueve la participación de jóvenes en las políticas europeas que les conciernen, entre ellas las del acceso al mercado de trabajo de aquellos que se encuentran en situación de dificultad social.
Foto Comunidad de Madrid
