La Comunidad de Madrid ha prorrogado el contrato vigente de vigilancia y seguridad de los centros dependientes de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). La prestación de este servicio cuenta con una inversión de 5,5 millones de euros, por un periodo de dos años, que discurrirá entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2024.
El objetivo es garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas de internamiento o de régimen semiabierto impuestas a menores y jóvenes infractores, en complejos públicos, y que son atendidos en cinco de los seis recintos para la ejecución de medidas judiciales que la Administración autonómica gestiona.
Se trata de los centros de Altamira, Renasco, Madroño, El Laurel y el Lavadero. El acuerdo contractual cubre también la salvaguarda y protección de la sede principal de la ARRMI y del Centro José de las Heras (medio abierto e inserción socio laboral).
Con un presupuesto para 2022 de 40 millones de euros, la ARRMI presta este servicio público en la actualidad a más de 1.600 menores y jóvenes, siempre por decisión judicial. Cinco de cada seis, el 84%, lo hacen a través de programas individuales sin privación de libertad.
La prórroga cuenta con los informes favorables de la Intervención General y de la Dirección General de Presupuestos, una vez que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha constatado que la empresa a la que le fue adjudicado el servicio, en marzo de 2020, está llevando a cabo sus funciones y responsabilidades de manera satisfactoria.
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