La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la revisión urgente y en profundidad del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior. Esta petición ha sido abordada durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el que también ha participado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
García Martín ha recordado que “de las ocho asesinadas en el último año en la región, cuatro figuraban en VioGén con una valoración baja, mientras que solo 132 de los 12.851 casos activos —el 1 %— están clasificados con riesgo alto o extremo”. En estas dos categorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecen una vigilancia permanente, en el segundo supuesto, o frecuente y aleatoria, en el primero.
Por su parte, Dávila ha señalado que “para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es necesario analizar en profundidad los cuestionarios utilizados —que aún no se han actualizado— y los algoritmos empleados”. Asimismo, ha advertido de la falta de efectivos, ya que en España hay una media de un agente por cada 100 expedientes para atender a las víctimas.
En la región se identificaron el año pasado 40 posibles casos de fallos en las conocidas como pulseras antimaltrato. Desde entonces, este Observatorio ha remitido cinco peticiones para sustituir estos aparatos, alertar del colapso de los órganos judiciales especializados en violencia contra la mujer y revisar los citados protocolos de valoración del riesgo a los ministerios del Interior (2); de Igualdad (2), y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (1) ante las graves deficiencias detectadas. Cuatro de ellas permanecen aún sin respuesta.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid se ha personado hasta la fecha en 80 procedimientos judiciales relacionados con mujeres madrileñas asesinadas por sus parejas o exparejas. Sin embargo, el Gobierno central ha presentado recientemente un recurso de inconstitucionalidad para impedir que el Ejecutivo autonómico pueda ejercitar la acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución Española.
9 de octubre de 2026
Comunidad de Madrid
