- Considera que la decisión del Gobierno Autonómico es "el desmontaje de un servicio público esencial", que ha atendido desde su creación a más de 11.500 personas.
- La fórmula de contratación adoptada ahora reduce las garantías y la transparencia del proceso, poniendo en riesgo la calidad de un servicio social público esencial para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado una moción de los grupos PSOE, Ganar Móstoles e Izquierda Unida CM-Los Verdes, por la cual muestran su rechazo a la privatización del servicio de Unidades Móviles de Emergencia Social (UMES), puesto en marcha por la Comunidad de Madrid desde el pasado 11 de febrero, a través de un acuerdo de adjudicación directa con Cruz Roja.
Desde varias plataformas sanitarias, sindicatos y organizaciones sociales se está denunciando que dicha modificación en la gestión va a suponer una disminución en su presupuesto, así como la prestación del servicio mediante un aumento de la plantilla con voluntarios.
Los firmantes de la moción consideran que la decisión del Gobierno Autonómico es "el desmontaje de un servicio público esencial", que ha atendido desde su creación a más de 11.500 personas. Además, la fórmula de contratación adoptada ahora reduce las garantías y la transparencia del proceso, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la pérdida del control que las administraciones deben ejercer en un servicio social público esencial para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Según indica la moción aprobada, el traspaso de la gestión de las UMES pone en riesgo tanto la dotación presupuestaria como la plantilla. Estos servicios básicos deben prestarse por profesionales cualificados y adecuadamente remunerados, no por personal voluntario.
La concejala de Sanidad, Igualdad y Mayores, Ana María Rodrigo, ha explicado que el tipo de procedimiento que se ha utilizado en el proceso de adjudicación del servicio "ha sido un convenio de colaboración sin publicidad, en lugar del procedimiento abierto como se había realizado hasta ahora yde esta forma no se pueden conocer las condiciones y requisitos que incluye el convenio".
Asimismo, ha señalado que no se da la importancia debida a un servicio de emergencia social "que debe atender situaciones en las que las persona s se encuentren en especial vulnerabilidad en cualquier municipio de la Comunidad, como situaciones de emergencia, que se producen de forma imprevista y sobre las que la personas no tiene ningún control caso de incendios, derrumbes de edificios, desahucios, o en situaciones de riesgos como personas desorientadas en vía pública, personas mayores en su domicilio y otras".
El concejal de Cultura y Bienestar Social, Gabriel Ortega, se ha mostrado preocupado por la forma "oscurantista y opaca con la que se ha gestionado este servicio, un servicio errático, por otra parte, que ha tenido recortes salvajes desde el año 2011, en el que había un total de 80 trabajadores en la plantilla y que actualmente tan solo son 16".
"Le pedimos a la Comunidad de Madrid que escuche y que aprenda" ha explicado Ortega, quien ha puesto de ejemplo a este Consistorio, "donde el servicio Samur social, que es el homólogo del servicio del a UMES de la Comunidad de Madrid, ha visto como ha crecido este año, de un contrato de 14.8 millones a 22.7 millones, un 31% más, lo que ha permitido aumentar los equipos de calles de 12 a 18, aumentar las unidades móviles de emergencias, de 10 a 13, con lo que el Ayuntamiento de Madrid tiene prácticamente tres veces más unidades móviles que la Comunidad de Madrid, dirigiéndose el Ayuntamiento de Madrid a la mitad de la población". Además, ha opinado que estos hechos son "como para que se sonrojasen, al menos, los dirigente de la Comunidad de Madrid por estar manteniendo un servicio en tan ínfima calidad, con tan pocas prestaciones, siendo emergencia social en estos tiempos tan difíciles para la mayoría sociales".
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el instar al Gobierno de la Comunidad a revertir los recortes acumulados en el servicio de Emergencia Social dese el año 2011 y, además, ha respaldado la defensa de unos servicios sociales públicos, de calidad y de gestión directa, o gestionados mediante procesos abiertos y transparentes que supongan un control efectivo de la administración pública y no una dejación de funciones a favor del sector privado.
Por último, en el Pleno se ha acordado la potenciación del Servicio de Emergencia Social 112, dotado con los recursos necesarios para desempeñar su labor con las máximas garantías, según requiere la situación actual, en la que cada vez más personas se encuentran en situaciones de extrema precariedad y necesitan más que nunca la ayuda de los poderes públicos.
Audio - Ana Maria Rodrigo (Concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores) Sobre UMES (497.3 KB)
Audio - Gabriel Ortega (Concejal de Cultura y Bienestar Social) Sobre UMES (1.8 MB)
