* Además insta a la Comunidad de Madrid a no permitir la instalación de ninguno en su territorio
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado en pleno, con los votos a favor de PSOE, Ganar Fuenlabrada e IU, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, pedir al Gobierno de España el cierre inmediato de los centros de internamiento para personas extranjeras actualmente activos. Especial alusión hace al ubicado en el madrileño barrio de Aluche por las indignas condiciones que mantiene.
Además insta a la Comunidad de Madrid a no permitir que se instale en su territorio ningún centro de estas características, dada cuenta que tienen como objetivo privar de libertad a personas inmigrantes por el mero hecho de tener una situación administrativa irregular.
La moción pone de manifiesto que la privación de libertad a personas por una falta de este tipo vulnera la Constitución Española y ninguna norma europea obliga al Estado español a su internamiento.
Por otra parte, manifiesta el texto la inoperatividad de dichos centros ya que, de las 6.930 personas internadas en 2015, sólo un 41% fueron expulsadas. El 70 por ciento de las deportaciones realizadas en España, no se hacen desde los CIEs.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son espacios no penitenciarios cuya función es facilitar la expulsión de personas en situación administrativa irregular, privándoles de libertad durante un periodo máximo de 60 días.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado en pleno, con los votos a favor de PSOE, Ganar Fuenlabrada e IU, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, pedir al Gobierno de España el cierre inmediato de los centros de internamiento para personas extranjeras actualmente activos. Especial alusión hace al ubicado en el madrileño barrio de Aluche por las indignas condiciones que mantiene.
Además insta a la Comunidad de Madrid a no permitir que se instale en su territorio ningún centro de estas características, dada cuenta que tienen como objetivo privar de libertad a personas inmigrantes por el mero hecho de tener una situación administrativa irregular.
La moción pone de manifiesto que la privación de libertad a personas por una falta de este tipo vulnera la Constitución Española y ninguna norma europea obliga al Estado español a su internamiento.
Por otra parte, manifiesta el texto la inoperatividad de dichos centros ya que, de las 6.930 personas internadas en 2015, sólo un 41% fueron expulsadas. El 70 por ciento de las deportaciones realizadas en España, no se hacen desde los CIEs.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son espacios no penitenciarios cuya función es facilitar la expulsión de personas en situación administrativa irregular, privándoles de libertad durante un periodo máximo de 60 días.
