El Gobierno regional ha presentado de manera unilateral un anteproyecto sin mapa de titulaciones, dotación de becas o evolución de precios
El Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad de Madrid que negocie y establezca un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa de universidades y con los sindicatos para la reforma del anteproyecto de Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES).
En una moción, aprobada con la única abstención del PP, se pide a la consejería de Educación que en este proceso se aborden asuntos como la afectación de autonomía universitaria por las medidas propuestas en el anteproyecto, los precios públicos, la financiación que tiene que ser ajustada a las necesidades reales de las universidades, programas de becas, respeto a los derechos laborales del personal de universidades, etc.
La tramitación del anteproyecto de esta ley se inició el pasado mes de marzo con un documento presentado de manera unilateral por la Comunidad de Madrid, sin la participación del conjunto de afectados en la comunidad universitaria.
Su contenido no es el resultado de un proceso abierto al diálogo y negociación o consenso. En el anteproyecto no figura un mapa actual de titulaciones, evolución del número de estudiantes, tasas de abandono, dotación de becas, evolución de los precios públicos, colaboración con centros de investigación, etc.
En la moción se destaca que resulta imprescindible una financiación estable y con continuidad para garantizar un servicio público de enseñanza superior de calidad.
El Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad de Madrid que negocie y establezca un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa de universidades y con los sindicatos para la reforma del anteproyecto de Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES).
En una moción, aprobada con la única abstención del PP, se pide a la consejería de Educación que en este proceso se aborden asuntos como la afectación de autonomía universitaria por las medidas propuestas en el anteproyecto, los precios públicos, la financiación que tiene que ser ajustada a las necesidades reales de las universidades, programas de becas, respeto a los derechos laborales del personal de universidades, etc.
La tramitación del anteproyecto de esta ley se inició el pasado mes de marzo con un documento presentado de manera unilateral por la Comunidad de Madrid, sin la participación del conjunto de afectados en la comunidad universitaria.
Su contenido no es el resultado de un proceso abierto al diálogo y negociación o consenso. En el anteproyecto no figura un mapa actual de titulaciones, evolución del número de estudiantes, tasas de abandono, dotación de becas, evolución de los precios públicos, colaboración con centros de investigación, etc.
En la moción se destaca que resulta imprescindible una financiación estable y con continuidad para garantizar un servicio público de enseñanza superior de calidad.
