La Comunidad de Madrid ha aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada hoy un gasto de 899.024 euros para el acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados, a través de la ampliación de un contrato de servicios con la Fundación Grupo Norte, con una duración de seis meses desde el 1 de abril de 2020.
Se trata de 26 plazas destinadas a niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, con necesidades de atención especializada. Debido a la situación de especial vulnerabilidad de estos menores, se requiere de una atención intensiva pues suelen el Gobierno de la Comunidad presentar dificultades de adaptación culturales y sociales a su nuevo entorno.
De esta manera, se ha procedido a ampliar por segunda vez el plazo de la declaración de emergencia para la contratación de estas plazas. Tras haber superado la capacidad de los recursos residenciales existentes en la Red de protección a la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid, fue necesario contar con dispositivos de emergencia para poder prestar a estos menores la necesaria atención, mientras se creaban, por los procedimientos ordinarios, nuevos dispositivos de acogimiento.
Teniendo en cuenta que estas 26 plazas están ubicadas en un inmueble de la Comunidad de Madrid, no era factible incluirlas en el Acuerdo marco por el que se fijan las condiciones a las que han de ajustarse los contratos de servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, por lo que era preciso tramitar un contrato de servicios para su gestión.
La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad cumple así con la obligación de velar por colectivos de especial vulnerabilidad como es la infancia migrante no acompañada, que requiere de una atención especializada debido al contexto social del que proviene. Es la administración pública la garante de acoger a estos menores facilitando su proceso de inclusión social, educativa, cultural y laboral.
Foto Comunidad de Madrid
