- Sobre el Polideportivo "Andrés Torrejón", proyecto insignia del Partido Popular cuando gobernaba el Ayuntamiento, diez años atrás, y en el que se han desembolsado más de 20 millones de euros, planean graves sospechas que destapó en junio una auditoría encargada por el actual Gobierno municipal
Martes, 4 de septiembre de 2018.-
El Ayuntamiento de Móstoles se personará como acusación particular en el procedimiento de Diligencias Previas sobre la construcción del Polideportivo Andrés Torrejón abierto por el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, a raíz de las graves irregularidades detectadas por una auditoría municipal en la gestión de ese proyecto, lo que le permitirá acceder a los documentos de esa tramitación y tomar parte en el expediente.
Así lo aprobó la Junta de Gobierno municipal a propuesta de la Asesoría Jurídica una vez que un decreto de la teniente fiscal de fecha 27 de julio decidió el cese de su actuación por existir una tramitación anterior del mismo asunto.
De este modo, tras la remisión de un escrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid a la que se trasladaron las conclusiones de una auditoría encargada por el Instituto Municipal del Suelo, y que firmaron en junio la alcaldesa, Noelia Posse, y el segundo teniente de alcaldesa, Gabriel Ortega, el Ayuntamiento da otro paso en el intento de desentrañar lo sucedido con este macroproyecto.
Hay que recordar que el fallido Palacio de los Deportes Andrés Torrejón, la promesa estrella del Partido Popular en 2007, preveía una inversión de 32 millones de euros y con capacidad para casi 10.000 personas.
De aquel proyecto queda sólo un edificio fantasma, inacabado, en el que se han gastado ya las dos terceras partes del presupuesto inicial, sin que la ciudadanía haya podido disfrutarlo.
En el escrito presentado ante la Fiscalía en junio, el Ayuntamiento de Móstoles ponía en conocimiento de la autoridad judicial los antecedentes del proyecto, y los descuadres entre la obra certificada y pagada y la obra efectivamente ejecutada, un total de 4,2 millones de euros, que arrojaba la auditoría externa encargada por el Instituto Municipal del Suelo.
Ese escrito, entre sus Fundamentos de Derecho, indicaba la posible prevaricación cometida por la emisión de certificaciones de obra por encima del porcentaje de obra efectivamente ejecutada, y sugería otros posibles delitos como la malversación de caudales públicos, el cohecho, la estafa y la posible organización criminal en relación con los sobrecostes del contrato.
