- En el Pleno municipal de octubre, el Partido Popular fue el único grupo político que se opuso a la creación de una comisión de investigación.
- Móstoles fue parte codemandada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa adjudicataria contra la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Móstoles investigará lo sucedido con el fallido proyecto de tren a Navalcarnero, con la oposición del Partido Popular, que fue el único grupo municipal en votar en contra de la propuesta de la alcaldesa, Noelia Posse, que se debatió en el Pleno de octubre.
A pesar de que en la Comisión de Investigación sobre la Operación Púnica se aprobó por unanimidad no incorporar las actuaciones de la Operación Lezo que afectan a Móstoles, sino constituir una nueva comisión que se ocupara de esos asuntos, finalmente el Partido Popular decidió oponerse a que se intente desentrañar lo sucedido con ese proyecto millonario.
Hay que recordar que la justicia investiga actualmente la licitación y una presunta "mordida" de más de un millón de euros cuyo destinatario fue, presuntamente, el ex presidente regional Ignacio González.
Conviene, asimismo, añadir que este proyecto, que finalmente no verá la luz, paralizó la ciudad durante años cortando el acceso en la Avenida de Portugal y a la estación de Cercanías Móstoles Central, perjudicando a decenas de miles de mostoleños con el beneplácito de los gobiernos del Partido Popular de Esteban Parró y Daniel Ortiz, actualmente investigados en Púnica, otra trama de corrupción del Partido Popular.
A juicio de todos los grupos políticos, excepto el PP, es evidente que la institución municipal debe hacer todo el esfuerzo posible para saber qué sucedió, escuchar a quienes puedan arrojar luz sobre esta presunta trama y explicar a los mostoleños lo que consiga averiguarse sobre por qué, quién y cómo se frustraron sus expectativas acerca de una línea ferroviaria que hubiera supuesto una importante mejora en su movilidad.
Resulta fuera de duda que el Ayuntamiento de Móstoles es parte interesada en el esclarecimiento de todos estos hechos, máxime cuando fue parte codemandada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa adjudicataria contra la Comunidad de Madrid tras negarse a pagar los 50 millones que convino aportar a la obra, una vez que fue evidente que esta no se realizaría.
Móstoles es, por tanto, un importante foco en lo sucedido, y los representantes de la ciudadanía están obligados a investigar las posibles vinculaciones entre estos hechos y quienes han ostentado durante aquellos años el gobierno de la ciudad.
