* Es fundamental para prestar a la población servicios públicos de calidad.
El Pleno solicitará al Gobierno de la Nación la eliminación de las restricciones a la oferta de empleo público impuestas a los ayuntamientos desde el año 2012, mediante una moción que ha sido aprobada con la abstención del PP y Ciudadanos.
Esta medida de austeridad dificulta a las administraciones locales la posibilidad de mejorar los servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa. Son muchos los ayuntamientos que tienen suficiente capacidad económica para generar empleo y no pueden por las restricciones impuestas en los Presupuestos Generales del Estado.
Es fundamental ofrecer a los ciudadanos servicios públicos de calidad y para ello es indispensable crear oferta de empleo. En muchos casos los ayuntamientos han recurrido a empresas privadas para poder prestar los servicios adecuados.
En la moción se pide autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno con plena autonomía organizada y que se traslade a todos los grupos políticos representados en el Congreso.
El Pleno solicitará al Gobierno de la Nación la eliminación de las restricciones a la oferta de empleo público impuestas a los ayuntamientos desde el año 2012, mediante una moción que ha sido aprobada con la abstención del PP y Ciudadanos.
Esta medida de austeridad dificulta a las administraciones locales la posibilidad de mejorar los servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa. Son muchos los ayuntamientos que tienen suficiente capacidad económica para generar empleo y no pueden por las restricciones impuestas en los Presupuestos Generales del Estado.
Es fundamental ofrecer a los ciudadanos servicios públicos de calidad y para ello es indispensable crear oferta de empleo. En muchos casos los ayuntamientos han recurrido a empresas privadas para poder prestar los servicios adecuados.
En la moción se pide autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno con plena autonomía organizada y que se traslade a todos los grupos políticos representados en el Congreso.
