En la moción aprobada hoy se pide el incremento urgente y necesario del presupuesto para atender las necesidades sociales y dependencia
El Pleno de la Corporación exigirá el cumplimiento del Plan Concertado de Servicios Sociales y el incremento necesario de los presupuestos destinados a Dependencia y otras áreas sociales hasta alcanzar los niveles anteriores a 2011.
Los compromisos de financiación se establecieron en su día dividiéndolos en tres partes. El coste correría a cargo de las entidades locales, las comunidades autónomas y la administración general del Estado.
Sin embargo la financiación se ha ido reduciendo de manera continuada a lo largo de los años y la aportación estatal ha pasado del 25 por ciento en los años 90, al 2,9 testimonial en 2016 (último año del que se tiene certificación oficial).La aportación de las comunidades autónomas en ese año fue del 34 por ciento, mientras que las entidades locales sufragan el 63.
La moción ha sido aprobada con los votos favorables del PSOE, IU y Ganar Fuenlabrada, en contra el PP y la abstención de Ciudadanos.
En la misma se hace hincapié en la necesidad de dotar al Plan de manera urgente de financiación ya que según los datos aportados 5,8 millones de personas reciben alguna prestación básica, como por ejemplo las 432.000 personas con atención domiciliaria o las 8.000 personas que se alojan cada año en las 900 plazas de albergues y centros de acogida, o, por poner otro ejemplo, las 29.000 que han encontrado empleo a través de las intervenciones de servicios sociales.
La aplicación del Plan Concertado supone dejar atrás la beneficencia y aplicar la justicia social.
El Pleno de la Corporación exigirá el cumplimiento del Plan Concertado de Servicios Sociales y el incremento necesario de los presupuestos destinados a Dependencia y otras áreas sociales hasta alcanzar los niveles anteriores a 2011.
Los compromisos de financiación se establecieron en su día dividiéndolos en tres partes. El coste correría a cargo de las entidades locales, las comunidades autónomas y la administración general del Estado.
Sin embargo la financiación se ha ido reduciendo de manera continuada a lo largo de los años y la aportación estatal ha pasado del 25 por ciento en los años 90, al 2,9 testimonial en 2016 (último año del que se tiene certificación oficial).La aportación de las comunidades autónomas en ese año fue del 34 por ciento, mientras que las entidades locales sufragan el 63.
La moción ha sido aprobada con los votos favorables del PSOE, IU y Ganar Fuenlabrada, en contra el PP y la abstención de Ciudadanos.
En la misma se hace hincapié en la necesidad de dotar al Plan de manera urgente de financiación ya que según los datos aportados 5,8 millones de personas reciben alguna prestación básica, como por ejemplo las 432.000 personas con atención domiciliaria o las 8.000 personas que se alojan cada año en las 900 plazas de albergues y centros de acogida, o, por poner otro ejemplo, las 29.000 que han encontrado empleo a través de las intervenciones de servicios sociales.
La aplicación del Plan Concertado supone dejar atrás la beneficencia y aplicar la justicia social.
