![\"Texto](\"https:\/\/sur-madrid.com\/online\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Post_66990-ComunidaddeMadrid-6--miguelangelgarcia-presidencia-ruedaprensaconsejogobierno_3.jpeg\")
<\/p>\nLa Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid presenta nuevas acciones judiciales contra el impuesto de Solidaridad del Gobierno central al considerar que invade las competencias de las autonom\u00edas en materia fiscal y financiera. As\u00ed, el Consejo de Gobierno ha conocido hoy el informe por el que se da cuenta del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidaci\u00f3n. En ella, se reitera qui\u00e9nes est\u00e1n obligados a su declaraci\u00f3n, as\u00ed como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento. <\/p>\n
Esta es la segunda iniciativa que emprende el Ejecutivo madrile\u00f1o contra un nuevo impuesto estatal que ya recurri\u00f3 en marzo pasado ante el Tribunal Constitucional, por lo que se considera necesaria la impugnaci\u00f3n de todas las disposiciones normativas que deriven de su entrada en vigor. En coherencia con ello, este 12 de septiembre se iniciaron nuevas actuaciones ante la sala de lo Contencioso\u2013Administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden ministerial.
Tanto el procedimiento para aprobar el impuesto como la naturaleza del mismo vulnera varios principios recogidos en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. As\u00ed, supone un atentado contra la autonom\u00eda regional para la gesti\u00f3n de los tributos cedidos, como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid est\u00e1 bonificado al 100% desde 2008.
Adem\u00e1s, su tramitaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo a trav\u00e9s de una enmienda en un proyecto de Ley que no estaba relacionado, obviando el desarrollo parlamentario ordinario, sin someterse a consulta p\u00fablica y sin contar con memoria econ\u00f3mica ni dictamen del Consejo de Estado.
Su aplicaci\u00f3n tuvo efectos retroactivos para todo 2022, a pesar de que entr\u00f3 en vigor el 29 de diciembre de ese a\u00f1o. Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, vulnerando el principio de seguridad jur\u00eddica.
Un gravamen estatal confiscatorio\u00a0
Asimismo, atenta contra los principios de capacidad econ\u00f3mica y confiscatoriedad recogidos en el art\u00edculo 31.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, que se\u00f1alan que \u201cse contribuir\u00e1 al sostenimiento de los gastos p\u00fablicos en funci\u00f3n a la capacidad econ\u00f3mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ning\u00fan caso, tendr\u00e1 alcance confiscatorio\u201d.
Sin embargo, se trata de una tasa definida como temporal, inicialmente exigible para dos a\u00f1os, per\u00edodo para el cual se han determinado unos tipos imponibles que son estimativos y presuponen una manifestaci\u00f3n de riqueza ficticia, sin tener en cuenta los recursos del contribuyente.
Junto a ello, el Gobierno regional considera que no se ha justificado la creaci\u00f3n del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real, ya que se ha alcanzado cifra r\u00e9cord en estos momentos debida a la coyuntura econ\u00f3mica y a la desmesurada presi\u00f3n fiscal que pr\u00e1ctica la pol\u00edtica Gobierno de Espa\u00f1a sobre los impuestos. De esta manera, se ha ignorado lo recogido en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola en cuanto a la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n
Foto Comunidad de Madrid<\/p>\n
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