![\"Texto](\"https:\/\/sur-madrid.com\/online\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/Post_52839-ComunidaddeMadrid-6--concepcion_dancausa-comparecencia_asamblea_de_madrid_5.jpeg\")
<\/p>\nLa Comunidad de Madrid va a realizar una auditor\u00eda sobre el sistema de protecci\u00f3n de menores de la regi\u00f3n y pondr\u00e1 en marcha un plan de choque con el objetivo de impulsar el acogimiento familiar frente al residencial en centros. As\u00ed lo ha anunciado hoy la consejera de Familia, Juventud y Pol\u00edtica Social, Concepci\u00f3n Dancausa, durante su comparecencia a petici\u00f3n propia ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la colaboraci\u00f3n de su departamento en la investigaci\u00f3n policial de la denominada Operaci\u00f3n Sana, que ha desarticulado un grupo dedicado a la explotaci\u00f3n sexual de menores. <\/p>\n
\u201cLa Comunidad de Madrid afirma que ha colaborado en todo momento con las autoridades policiales y judiciales; siempre que detectamos que un menor est\u00e1 siendo v\u00edctima de un delito lo denunciamos de inmediato. La Comunidad de Madrid ha hecho su trabajo, que es proteger a los menores en el interior de nuestros centros\u201d, ha subrayado la consejera. En este sentido, Dancausa ha explicado que su departamento ya ha solicitado a la Consejer\u00eda de Econom\u00eda, Empleo y Hacienda la realizaci\u00f3n de una auditor\u00eda funcional para analizar la gesti\u00f3n y los procedimientos del sistema de protecci\u00f3n\u00a0de menores, un ejercicio de transparencia que evaluar\u00e1 de manera cr\u00edtica, sistem\u00e1tica e imparcial la eficacia de las actuaciones y la calidad de la gesti\u00f3n con el objetivo de identificar aspectos que puedan ser mejorados.
Fomento del acogimiento familiar
La consejera tambi\u00e9n ha anunciado la pr\u00f3xima puesta en marcha de un plan de choque para impulsar el acogimiento familiar como mejor alternativa para el desarrollo personal y social de los menores tutelados. En la actualidad hay 3.714 menores con medidas de protecci\u00f3n, de los cuales 2.263 (el 60,1%) est\u00e1n en acogimiento familiar y los otros 1.451 (el 39,9%) residen en centros. La Comunidad quiere seguir elevando este porcentaje de acogimiento con medidas como la transformaci\u00f3n de las ayudas que reciben actualmente las familias acogedoras en un derecho subjetivo que les asegure estas prestaciones de manera directa, sin tener que solicitarlas anualmente, e incrementando la dotaci\u00f3n econ\u00f3mica de las mismas. Dentro de este plan se inscribe tambi\u00e9n el lanzamiento de una campa\u00f1a de captaci\u00f3n de familias acogedoras.
As\u00ed, en la reci\u00e9n aprobada Estrategia de Protecci\u00f3n a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliaci\u00f3n 2022-2026, se incluyen dos medidas espec\u00edficas a este respecto. Por un lado, un programa de apoyo a las familias acogedoras, con el que la Comunidad garantizar\u00e1 que perciban las ayudas econ\u00f3micas que les corresponden con cuant\u00edas de hasta 15.500 euros. Tambi\u00e9n se reforzar\u00e1n los recursos y otros programas de apoyo dirigidas a ellas. Por otro lado, entre las nuevas medidas con car\u00e1cter fiscal, se equiparar\u00e1 a los menores acogidos en r\u00e9gimen de acogimiento familiar con los hijos y la l\u00ednea recta descendente del causante\/donante a efectos de la aplicaci\u00f3n de la bonificaci\u00f3n del 99 por ciento de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones aplicable en la Comunidad de Madrid a las herencias y donaciones de padres a hijos y dem\u00e1s descendientes.
Protolocos espec\u00edficos en los centros
Dancausa tambi\u00e9n ha adelantado que el Gobierno regional est\u00e1 tramitando la nueva Ley regional de Protecci\u00f3n y Garant\u00edas de la Infancia con el objetivo de que llegue a la Asamblea en el primer semestre del a\u00f1o. Entre otros aspectos, la nueva norma dedicar\u00e1 un cap\u00edtulo espec\u00edfico a la protecci\u00f3n integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, definir\u00e1 las garant\u00edas, necesidades y singularidades que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presenta el tratamiento de menores protegidos con problemas de conducta y actualizar\u00e1 y agilizar\u00e1 los procedimientos administrativos para la declaraci\u00f3n de la situaci\u00f3n de riesgo o desamparo de ni\u00f1os y ni\u00f1as. La norma tambi\u00e9n incluir\u00e1 las modificaciones introducidas por la Ley estatal de Protecci\u00f3n a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado mes de junio, especialmente en lo referido a la elaboraci\u00f3n de protocolos\u00a0espec\u00edficos de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n precoz e intervenci\u00f3n ante abusos y explotaci\u00f3n sexual para los centros de protecci\u00f3n. La consejera ha recordado que la Comunidad, junto al resto de autonom\u00edas, est\u00e1 trabajando en la definici\u00f3n de los criterios comunes que deber\u00e1n incluir estos protocolos en el seno de la Conferencia Sectorial creada al efecto el pasado mes de septiembre.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta misma semana la licitaci\u00f3n del nuevo contrato de gesti\u00f3n del \u00fanico centro de la regi\u00f3n espec\u00edfico para menores con trastornos de conducta graves, que va a incrementar su presupuesto un 22,5% y tendr\u00e1 un importe de 15,3 millones para los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os. Esta subida permitir\u00e1 aumentar el n\u00famero de profesionales de este recurso altamente especializado, en el que el precio de la plaza por d\u00eda pasar\u00e1 de los actuales 160 euros a 190.
Este centro ser\u00e1 tambi\u00e9n el primero en el que se desarrollar\u00e1 el proyecto de entornos protectores, en el que la Comunidad trabaja desde hace un a\u00f1o con reel Gobierno de la Comunidad de Madrid presentantes de entidades sociales y que busca generar entornos seguros y de buen trato en todos los espacios donde conviven ni\u00f1os y adolescentes. Este proyecto parte del Modelo de Sistema de Protecci\u00f3n Interna desarrollado por el Instituto de Innovaci\u00f3n, Desarrollo e Impacto Social, que va a permitir construir un modelo propio de la Comunidad de Madrid a la hora de facilitar la transformaci\u00f3n de estos espacios.
A esto se suma la herramienta t\u00e9cnica en la que est\u00e1 trabajando el Gobierno regional denominada \u201cInstrumento Valora\u201d, para ayudar a los servicios sociales a mejorar la calidad de la intervenci\u00f3n con los menores en situaci\u00f3n de riesgo y sus familias.
Centros de r\u00e9gimen abierto
Respecto a la operaci\u00f3n policial conocida hace un mes, Dancausa ha explicado que \u201cestamos ante unas ni\u00f1as que son v\u00edctimas de un delito de explotaci\u00f3n sexual, pero de ninguna manera es un caso de explotaci\u00f3n sexual de menores tuteladas\u201d.
En este sentido, la consejera ha se\u00f1alado que, con la informaci\u00f3n a la que ha podido acceder hasta ahora la Consejer\u00eda, hay cinco menores relacionadas con esta operaci\u00f3n en los centros de protecci\u00f3n de la regi\u00f3n, tres de las cuales son testigos protegidas en esta investigaci\u00f3n.
Ninguno de los hechos delictivos denunciados se ha cometido en el interior de los centros. Asimismo, ha detallado que la Comunidad ha colaborado durante todo el proceso con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con la Fiscal\u00eda y con los juzgados, que se llev\u00f3 a cabo una inspecci\u00f3n de urgencia del centro donde residen las tres menores testigos protegidas y que ella misma tambi\u00e9n acudi\u00f3 el 17 de enero para recabar toda la informaci\u00f3n de primera mano. Tambi\u00e9n, que se envi\u00f3 sin \u00e9xito un escrito a la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda solicitando que se facilitara la informaci\u00f3n disponible para proteger a las menores y que el Gobierno se ha personado como acusaci\u00f3n particular ante los juzgados de Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 y 8.
La consejera ha explicado el funcionamiento de los 102 centros de esta red, que suman un total de 1.880 plazas y en los que la supervisi\u00f3n, la vigilancia, el control y la colaboraci\u00f3n con autoridades policiales y judiciales es constante. Entre ellos est\u00e1 el centro para menores con trastornos de conducta, en el que solo pueden ingresar con autorizaci\u00f3n judicial y que es el \u00fanico que puede imponer restricciones a sus movimientos, siempre motivadas con informes, acordes a esa autorizaci\u00f3n judicial y comunicadas a la Fiscal\u00eda del Menor.
Todos los centros de protecci\u00f3n, incluido \u00e9ste, son abiertos, en los que los menores pueden y deben salir dentro de su proceso educativo y de formaci\u00f3n. Esta caracter\u00edstica clave les diferencia de los centros cerrados de reforma, en los que los menores est\u00e1n cumpliendo una medida de internamiento por sentencia judicial y de los que no pueden salir.
Por tanto, en un centro de protecci\u00f3n no existen fugas sino ausencias voluntarias, que siempre se comunican de inmediato al Grupo de Menores (GRUME) para que los agentes puedan localizarles y devolverles a los centros. Dancausa ha explicado que esa colaboraci\u00f3n constante entre administraciones se materializ\u00f3 el a\u00f1o pasado en m\u00e1s de 5.000 comunicaciones y denuncias realizadas entre los centros y la polic\u00eda, los jueces y los fiscales, la mayor\u00eda de ellas para notificar ausencias voluntarias, pero tambi\u00e9n para comunicar informes de seguimiento a los juzgados y a la Fiscal\u00eda.
Adem\u00e1s, hay 103 denuncias por hechos delictivos contra menores, y desde 2016 la Comunidad se ha personado en 50 procedimientos judiciales relacionados con menores residentes en sus centros. En concreto, en los expedientes de las tres menores tuteladas por la Comunidad que han sido declaradas testigos protegidas en esta investigaci\u00f3n figuran un total de 84 comunicaciones de este tipo.
Se incluyen adem\u00e1s 13 declaraciones de las menores ante la Polic\u00eda, que siempre realizan acompa\u00f1adas de responsables de su centro residencial, y tres denuncias realizadas por uno de los centros sobre los abusos sexuales sufridos por una de las menores en sus ausencias voluntarias \u2013 la primera se remonta a septiembre de 2020-.
La consejera ha insistido en que el Gobierno auton\u00f3mico, cumpliendo sus competencias, pone en conocimiento de las autoridades todos los hechos susceptibles de delito que conoce, y son las autoridades policiales las que los investigan y conectan los indicios para desarrollar sus operaciones.
En este punto, ha a\u00f1adido que son investigaciones de las que nunca facilitan detalles a los centros ni a la Comunidad, que desconoc\u00eda la existencia de la Operaci\u00f3n Sana, o que una de las tres denuncias mencionadas, la el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentada el pasado mes de septiembre, hubiera sido decisiva para cerrar esta operaci\u00f3n. \u201cAqu\u00ed no hay caso\u201d, ha subrayado Dancausa.<\/p>\n
Foto Comunidad de Madrid<\/p>\n
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