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<\/p>\nLa Comunidad de Madrid va a reforzar e intensificar la lucha contra la ocupaci\u00f3n ilegal del parque de viviendas p\u00fablicas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) adem\u00e1s de intensificar la lucha contra la morosidad de aquellos inquilinos que no abonan sus cuotas sin causas justificadas. <\/p>\n
Para ello, y con car\u00e1cter excepcional, se van a reforzar, mediante contrataci\u00f3n externa, la rela Comunidad de Madrid presentaci\u00f3n legal y de defensa de los intereses de la AVS. Este servicio cuenta con un informe favorable de la Abogac\u00eda General, y ha sido informado esta semana al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene, entre otras funciones, la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n de su patrimonio, as\u00ed como las labores de inspecci\u00f3n, control de uso y vigilancia del mismo. En cumplimiento de dichas tareas se ve obligada en ocasiones a iniciar acciones judiciales especialmente en varios tipos de litigios.
Por una parte, los casos de desahucios por ocupaciones sin t\u00edtulo, que incluyen tanto las llamadas ocupaciones mediante patada en la puerta, como las de personas que se hacen de manera irregular con una vivienda, bien sea por cesi\u00f3n o por pago a los anteriores inquilinos. \u00a0Igualmente, la AVS tiene que litigar ante las reclamaciones de deuda por la morosidad de sus inquilinos.
La AVS mantiene abiertos 2.154 casos por ocupaciones ilegales de viviendas de su patrimonio que requieren el ejercicio de acciones legales para proceder a su recuperaci\u00f3n. Esta situaci\u00f3n permitir\u00eda poder disponer de estas viviendas para aquellas familias que se encuentren en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y que hayan acreditado una necesidad real someti\u00e9ndose a los procedimientos normativos establecidos e inscribi\u00e9ndose legalmente en las listas de espera de la Agencia.
A pesar de que la reclamaci\u00f3n judicial es la \u00faltima de las medidas adoptadas desde la Agencia de Vivienda Social para lograr disminuir la morosidad, actualmente se mantienen abiertas 8.398 acciones contra deudores, contra las que proceder\u00eda el ejercicio de acciones legales en caso de no llegar a un acuerdo extrajudicial previo y de no prescripci\u00f3n de la deuda.
La AVS tiene una morosidad que asciende a 65,5 millones de euros, cantidad que la propia C\u00e1mara de Cuentas ha manifestado que resulta imprescindible reducir mediante la adopci\u00f3n de medidas correctoras.
Por tanto, el n\u00famero de expedientes judiciales que es necesario iniciar por parte de la AVS en los dos \u00e1mbitos, lucha contra la morosidad de inquilinos y contra la ocupaci\u00f3n ilegal, alcanza un total de 10.552 litigios (cifra muy superior a la que viene asumiendo la Abogac\u00eda General de la Comunidad de Madrid).
Esta externalizaci\u00f3n de los procesos judiciales no se plantea como una soluci\u00f3n permanente, sino que el objetivo es llevarla a cabo durante el tiempo que sea preciso para reducir significativamente la morosidad de los inquilinos y el n\u00famero de ocupantes ilegales, algo que prev\u00e9 en su articulado la Ley 3\/1999, de 30 marzo, de Ordenaci\u00f3n de los Servicios Jur\u00eddicos de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n
Foto Comunidad de Madrid<\/p>\n
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