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<\/p>\nLa Comunidad de Madrid ha solicitado hoy al Gobierno central que explique de manera inmediata cu\u00e1l va a ser la financiaci\u00f3n de las nuevas medidas adoptadas en materia de vivienda por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como consecuencia de la evoluci\u00f3n del COVID-19. <\/p>\n
El consejero de Vivienda y Administraci\u00f3n Local, David P\u00e9rez, ha constatado que las iniciativas que quiere llevar a cabo el Gobierno central no se pueden repercutir sobre el Plan Estatal de Vivienda, porque las comunidades aut\u00f3nomas tienen ya pr\u00e1cticamente comprometido el dinero con el que este programa les provee para distintos programas que desarrollan. \u201cSi el Ejecutivo central no aclara la financiaci\u00f3n de esas medidas, ser\u00e1n papel mojado\u201d, ha enfatizado
Adem\u00e1s, ha proseguido, \u201cde llevarse a cabo con partidas de ejercicios posteriores, el dinero habr\u00eda que detraerlo de otros sectores preferentes, y la Comunidad de Madrid deber\u00eda adelantar el dinero\\\u00bb. Por ello, ha preguntado al presidente del Gobierno si pretende imponer el coste de estas ayudas a las comunidades aut\u00f3nomas.
Adem\u00e1s, tal y como ha puesto de manifiesto P\u00e9rez, la Orden 336\/2020, publicada en el BOE el pasado 11 de abril, que incorpora, sustituye y modifica programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2011, establece que las viviendas de titularidad privada podr\u00e1n ser utilizadas por personas vulnerables al haber sido \u00e9stas desahuciadas, por ser v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero o carecer de hogar debido a otras circunstancias.
El consejero de Vivienda ha se\u00f1alado la necesidad de que estas medidas sean convenientemente clarificadas con rapidez, ya que \\\u00bbel texto puede acarrear una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y generar inseguridad jur\u00eddica, al entenderse que las Administraciones P\u00fablicas tienen la potestad de disponer de las viviendas privadas que considere, para ponerlas a disposici\u00f3n de los colectivos se\u00f1alados, sin que medie la voluntad de sus propietarios, o de quienes tengan otro t\u00edtulo leg\u00edtimo sobre ellas\\\u00bb.
En este sentido, P\u00e9rez ha indicado que \\\u00bbdebemos entender que las viviendas en cuesti\u00f3n que sean de titularidad privada y susceptibles de ser utilizadas para el fin previsto, deber\u00e1n ser cedidas o arrendadas previamente por sus leg\u00edtimos titulares de manera voluntaria, salvo que ellos decidan otra cosa, y recibiendo por ello la renta que se pacte\\\u00bb.
La orden ministerial adolece, adem\u00e1s, seg\u00fan el titular de Vivienda del Gobierno regional, de la suficiente claridad \\\u00bbya que podr\u00eda ir contra nuestro ordenamiento jur\u00eddico y de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola\\\u00bb, porque en regiones como la Comunidad de Madrid las competencias en esta materia est\u00e1n transferidas.
Adem\u00e1s, tal y como subraya el Gobierno auton\u00f3mico, esta normativa crea incertidumbre por entenderse que, adem\u00e1s de los directos beneficiarios, las entidades p\u00fablicas de vivienda podr\u00e1n suscribir los contratos de arrendamientos con los titulares de las viviendas.<\/p>\n
Foto Comunidad de Madrid<\/p>\n
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