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La Comunidad refuerza la seguridad laboral en la fase 2 de la desescalada de la Justicia


La Comunidad de Madrid ha implantado, desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), medidas de carácter extraordinario con el objeto de proteger la salud laboral de los funcionarios de la Administración de Justicia y el resto de empleados públicos, así como de los ciudadanos que tienen que visitar alguna de las 70 sedes judiciales de la región.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, acompañado por la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha visitado hoy la sede de Plaza de Castilla para comprobar in situ, las medidas de seguridad laboral adoptadas por el Ejecutivo regional en las infraestructuras judiciales.
Como ha explicado López, desde el inicio de la pandemia, la Comunidad de Madrid “de acuerdo con la autoridad sanitaria y en coordinación con los distintos operadores de la Administración de Justicia, ha adoptado medidas colectivas e individuales de seguridad laboral para garantizar al máximo la salud de los funcionarios y la de los ciudadanos que han debido hacer uso de las sedes judiciales”.
Tal y como ordenó el Ministerio de Justicia, desde el 25 de mayo la actividad judicial en la región se encuentra en la fase 2 de la desescalada, lo que significa que hasta un 70% de la plantilla se ha incorporado al trabajo. Previsiblemente, la próxima semana se pasará a la fase 3, con el 100% de la plantilla presencial. 
El titular de Justicia del Ejecutivo autonómico ha explicado que la Comunidad de Madrid ha promovido la distancia de seguridad de al menos dos metros entre trabajadores, y entre estos y los ciudadanos. Para ello, desde el inicio de la crisis se restringió el acceso a las sedes judiciales y se adoptaron medidas de distancia social. Desde entonces, se limita el número de personas que acceden a cada sede y se respeta la distancia social, tanto en los accesos, como en espacios comunes, de atención al público y ascensores.
Asimismo, se ha estudiado el aforo de las sedes judiciales, salas de vistas y espacios comunes para evitar aglomeraciones, y se ha adaptado la señalética, con pegatinas y vinilos colocados en el suelo, con recomendaciones de uso del espacio tanto en pasillos como en el interior de las salas de vistas. Además, se han instalado mamparas de mesa en los estrados para juez, fiscal y abogado, y mamparas de pie en la zona donde se realizan las pruebas testificales y periciales.
Para ello, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, a través de la Dirección General de Infraestructuras Judicales, ha adquirido 4.897 mamparas de diferentes tamaños. Sólo en los Juzgados de Plaza de Castilla se han colocado 1.803 pegatinas en el suelo, 33 catenarias de dos metros, 78 mamparas de pie y   480 de mesa.
Además, ya en abril, la Comunidad adquirió 10.000 pantallas faciales individuales que fueron distribuidas entre jueces, fiscales, letrados, funcionarios y personal laboral.
Higiene y seguridad laboral
Las personas que visiten las sedes judiciales tienen a su disposición dispensadores de gel hidroalcóholico en los accesos. Para ello, se han instalado 400 dispensadores de gel desinfectante en las 70 sedes judiciales y se ha intensificado la higiene y limpieza de todas estas infraestructuras.
Además, se ha contratado a una empresa de desinfección que actúa inmediatamente en casos de positivos confirmados por COVID-19. Hasta ahora se han llevado a cabo 255 actuaciones de desinfección, además de las que se realizan diariamente en el Registro Civil.
Desde que se inició esta crisis sanitaria, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional ha adquirido unas 110.000 mascarillas, casi 140.000 guantes y más de 16.000 dosis de medio litro de gel. Por último, desde el pasado miércoles se han puesto 9.000 test de detección del SARS-CoV2 a disposición del personal al servicio de la Administración de Justicia, para todos aquellos que quieran hacerse la prueba de manera voluntaria.
En total serán unas 8.500 personas: 7.400 empleados públicos, 550 letrados y 330 fiscales. Los jueces y magistrados no se realizarán esta prueba, toda vez que el Consejo General del Poder Judicial las está realizando por sus propios medios.

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