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El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende la colaboración público-privada para la reactivación del sector inmobiliario


La Comunidad de Madrid defiende la necesaria colaboración público-privada a la hora de reactivar el sector inmobiliario tras la crisis provocada por el COVID-19. El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha participado hoy, de manera telemática, en el Foro de Economistas Inmobiliarios, que ha abordado la Colaboración público-privada para impulsar la vivienda como fórmula para hacer frente a la actual situación.

Pérez ha respaldado el entendimiento entre los sectores público y privado, y lo ha considerado como el medio más eficaz para movilizar todos los recursos disponibles para reactivar el sector, “con el fin último de generar vivienda pública digna a un precio asequible”.
“Una vez que hayan sido atendidas aquellas situaciones de urgencia originadas por el COVID-19, es esencial reforzar el apoyo al sector de la vivienda y favorecer el retorno a la normalidad económica, recuperando el empleo perdido”, ha señalado el consejero.
Pérez ha recordado que, antes de la crisis, el sector inmobiliario ya estaba dando señales de requerir una mayor agilidad y una menor rigidez. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno madrileño “ha asumido la responsabilidad en la agilización de los trámites de las licencias y la digitalización de los procedimientos, mediante una mayor modernización administrativa, además de producir suficiente suelo que sea capaz de absorber la creciente demanda”.
El titular de Vivienda ha subrayado el compromiso de la Comunidad de Madrid para completar el Plan Vive Madrid, que trabaja para movilizar sus suelos de titularidad pública, hasta 1,2 millones de metros cuadrados en 43 municipios, “mediante concesiones administrativas, dirigidas a ofrecer un alquiler asequible, a precios inferiores a los de mercado, especialmente a los más jóvenes”.
Asimismo, ha destacado el buen funcionamiento que está teniendo el Plan Alquila, como soporte de seguridad al mercado del alquiler, y “que ha beneficiado a más de 140.000 madrileños desde su puesta en marcha hace más de una década”.
Pacto Regional por la Vivienda
El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha propuesto recientemente -a los principales agentes inmobiliarios madrileños y a los grupos parlamentarios con rela Comunidad presentación en la Asamblea de Madrid- suscribir un gran Pacto Regional por la Vivienda, sustentada en seis pilares básicos como la fiscalidad en materia de vivienda; el desarrollo de políticas fiscales que bonifiquen y promuevan esta actividad; y generar más vivienda social, introduciendo condiciones que favorezcan su promoción. En este punto, la Comunidad de Madrid pretende contar en un futuro próximo con 1.500 nuevas viviendas sociales, que se sumarán a las más de 23.200 ya existentes.
La tercera de las medidas del futuro Pacto es la modernización administrativa, encabezada por la modificación de la actual Ley del Suelo, para garantizar una mayor agilidad en las tramitaciones, favoreciendo la administración digital urbanística. También sería necesaria una mayor seguridad jurídica, especialmente dirigida a la promoción y a la gestión del alquiler. Sobre este asunto, Pérez ha alertado nuevamente sobre el perjuicio que puede causar una intervención directa en el mercado del alquiler, topando los precios, tal y como ha propuesto el Gobierno central, y que ha evidenciado su fracaso en ciudades tan relevantes como París o Berlín.
El acuerdo contemplaría además que el sector disponga de una financiación suficiente y estable, con un sistema financiero e hipotecario que permita la promoción de viviendas en régimen de compra y de alquiler, en el que compradores, arrendatarios y promotores encuentren facilidades. Asimismo, en el ámbito de la rehabilitación, particulares y comunidades de vecinos deben contar con suficientes líneas ICO de financiación.
Por último, David Pérez ha apuntado la necesaria transformación y actualización del sector de la vivienda, estableciendo normativas, protocolos unificados, modificando las tipologías de viviendas existentes, apostando por la regeneración y la renovación urbana, la redensificación y la sostenibilidad, entre otras medidas que dinamicen el sector inmobiliario.

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