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El candidato de Unión de Ciudadanos Independientes José Miguel Reinares denuncia ante el Juzgado la adjudicación de la parcela 5.3 del PAU-5 por el PP


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La Unión de Ciudadanos Independientes de Móstoles ha presentado una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Móstoles por la adjudicación de la parcela 5.3 del PAU-5, de equipamiento social y uso deportivo, adjudicada a una empresa privada para una actividad mercantil a la que atribuyeron condición de servicio público. Desde UCIN Móstoles se presenta la denuncia por un presunto delito contra la ordenación del Territorio y por un delito de prevaricación administrativa.

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Móstoles, a través de su coordinador y candidato a la Alcaldía, José Miguel Reinares, ha presentado, con el apoyo del candidato de UPYD a la Comunidad de Madrid, Rubén Cousa, una denuncia en los Juzgados de Instrucción de Móstoles por unos echos que se produjeron durante los gobiernos del Partido Popular. En la denuncia UCIN que presenta su candidatura conujunta en Móstoles con UPyD y Ciudadanos Independientes afirman que puede existir un “presunto delito contra la ordenación del Territorio, previsto en el artículo 320 del Código Penal, y por un delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal”.
Consideran en UCIN que “la denuncia penal tiene su origen en la adjudicación de la parcela 5.3 del PAU-5 de equipamiento social y uso deportivo para una actividad privada de carácter mercantil” y basandosse en el informe emitido por la Jefa de los Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad, en el que según afirma UCIM “considera que la actividad de la ITV” puesto que en dicho informe afirman desde UCIM que pone literalmente “participa de la función pública” siendo dichas empresas “entidades colaboradoras de la Administración que ejercen funciones delegadas de la misma sujetas a su estricto control” por lo que UCIM entiende “que nos encontramos ante oficinas de la propia administración con funciones delegadas”.

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Esta argumentación jurídica fue asumida por los servicios jurídicos municipales y por la Secretaría del Ayuntamiento durante los gobiernos del Partido Popular. No obstante, en informes posteriores con el gobierno del Partido Socialista, dicho criterio cambia y se niega que una ITV pueda estar afecta a una finalidad pública.
Desde UCIN Móstoles reclaman al Juzgado de Instrucción que “investigue la adjudicación de una concesión demanial de una parcela municipal del Plan Parcial del Sector PAU-5 de Móstoles Tecnológico para la construcción de una Estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) por parte del Gobierno del Partido Popular en una parcela calificada como equipamiento social y uso deportivo. Asimismo, exigimos que se aclaren los hechos ante los vecinos y vecinas de la localidad y se asuman las responsabilidades penales y políticas de acreditarse”.
Y añaden que “al fin y al cabo, lo que queda claro de estas actuaciones es que el gobierno de los populares hurtó a los mostoleños”.

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Hola, hoy es Jueves 22 de Septiembre son las 17:42
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